La dictadura de la mayoría es tan dictadura como cualquier otra.
Respecto de las posibilidades de la ley para intervenir en un asunto como las corridas existe para nosotros un punto esencial: quienes acuden a ellas no afectan con su acción la libertad de ningún tercero. Es decir, no obligan con lo que hacen a nadie a hacer o no hacer algo. Y si lo que hacen sólo los afecta a ellos, no existe una justificación válida para que la ley intervenga prohibiendo el espectáculo. Salvo, claro, que se crea que la fuerza del Estado existe también para lograr que cada individuo viva una “vida buena” (según como la entiende el Estado). Pero ese es el principio que fundamenta todas las prácticas totalitarias.
Algunos defensores de la prohibición legal de las corridas ensayan un argumento aparentemente más sofisticado que el del “propio bien” de los aficionados al decir que con la lidia sí se afectan derechos de terceros porque se ofende “la sensibilidad moral” de muchos. Pero este argumento tiene consecuencias idénticas al anterior. Si viviéramos en un país donde la mayoría lo encontrase “moralmente ofensivo”, ¿sería legítimo que el Estado persiguiese los romances homosexuales? O, si tuviéramos una mayoría de fundamentalistas del racionalismo cuya sensibilidad fuese ofendida por las procesiones religiosas, ¿sería válido que la ley las prohíba?
Anti taurinos señalan que los aficionados van a las corridas atraídos, no por factores estéticos, sino principalmente por el morbo ante el innegable componente de crueldad del espectáculo. Si ese fuese el caso, los camales, donde se produce a un costo mucho menor un espectáculo bastante más sangriento –y, muchas veces, más doloroso- estarían también rodeados de tribunas y harían gran negocio vendiendo entradas.
La línea que separa a la moral del Estado es la misma línea de la que depende la libertad de casi todas las minorías del mundo, incluyendo esas en las que, sin saberlo y aunque sea sólo respecto de algunos temas concretos, muy bien podría estar usted.
